Si bien el concepto de sociedad civil ya era estudiado por los filósofos japoneses del período Meiji (1868-1911), recién a partir del final de la Segunda Guerra Mundial se presenció un renovado interés en la sociedad civil. Pero fue a partir de los años '60 que la noción comenzó a tener un impacto en Japón, con la denomin ada Escuela de la Sociedad Civil de Marxismo Japonés (Keane, 1998) y los trabajos de Yoshihiko Ushida y Kiyoaki Hirata. Según Keane fue este último quien acuñó el término 'sociedad civil' ( shimin shakai ) "en un sentido neo-Gramsciano". Este autor sostiene que el término sociedad civil fue usado para profundizar en las características peculiares del capitalismo Japonés, en un modelo donde el Estado es virtualmente omnipotente y la sociedad civil, impotente (1998:12).

Japón, como muchos países del mundo, se encuentra atravesando un momento de gran expansión del sector no-gubernamental . Según Yoshida (1999), en el caso japonés, la expansión de este sector significa una "relativización" del Estado, no sólo para que las actividades económicas sean más libres y menos regul ada s, ni como expresión de las demanda de mejoras cualitativas en la administración pública. Sino, significa que hacer al gobierno más eficiente y más democrático ya no es suficiente (1999:43).

Para comprender el 'por qué' de lo anterior en su sentido más cabal, es necesario revisar algunos aspectos históricos y culturales de Japón. Como dijimos anteriormente, la traducción del término sociedad civil ( shimin shakai ) no se acuñó en el discurso de los japoneses hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Mientras era usual que los pensadores americanos y europeos se dedicaran a escribir sobre la 'sociedad civil' entre mediados del siglo XVIII y mediados del XIX, discutir el término en Japón hubiese sido "inapropiado e ilegítimo" (Schwartz y Pharr, 2003:43). En otras palabras, la idea de lo "civil" amenazaba la soberanía imperial, en un marco donde no había ciud ada nos sino 'sujetos' del (y al) Emperador (Schwartz y Pharr, 2003).

Si bien en la era anterior a la guerra no se puede hablar de sociedad civil en el sentido estricto, también es justo notar, en un sentido más amplio, que sí hubo grupos que en paralelo con las grandes reformas instaur ada s en la era Meiji, fomentaron el intercambio de ideas (creando periódicos, y academias que llegaban a intercambiar opiniones con los burócratas), el asociacionismo (el advenimiento de la "nueva media clase" form ada por profesionales, llevó a la creación de asociaciones profesionales donde se discutía sobre los avances e intereses mutuos) y las redes (ya en la era Tokugawa (2) , agricultores y emprendedores rurales formaban redes regionales y hasta nacionales de producción, crédito y sociabilidad).

Así y todo, el Japón moderno se ha visto manejado con una lógica que Yoshida (1999:13) (3) ha denominado " público = oficial" . Según este autor, existen tres condiciones "para que una sociedad permanezca intacta y viable": Primero, debe haber un reconocimiento de la existencia de intereses que son públicos, que trascienden los intereses privados e individuales, y que los miembros de la sociedad tengan un deseo común de mantenerlos y promoverlos. Segundo, un conjunto de reglas - y procedimientos y valores - que los miembros acepten como necesarios para determinar y / o modificar aquello que constituya, según ellos, el interés público en el contexto de su sociedad. Tercero, alguien, algún grupo, debe llevar a cabo las actividades de proteger y avanzar en el interés público. En el Japón moderno, el gobierno ha asumido la iniciativa de cumplir con las tres condiciones de manera casi exclusiva (Yoshida, 1999).

Yoshida señala dos aspectos de la sociedad japonesa que subyacen a la fórmula "público = oficial": la tradicional obediencia de la gente, arraig ada en la conciencia popular, y manifest ada en un interés público formulado e impuestos por el sector oficial; y el enfoque burocrático de indoctrinar y movilizar a la gente a servir el interés público, según sea la definición oficial. Y continúa aseverando que, es por la profundamente arraig ada sumisión y excesiva deferencia a la autoridad por parte de la gente, que el sector oficial puede moverse con extrema soltura, imponiendo a las comunidades planes según su discreción (1999: 19-20).

Más suave, pero en la misma línea, Garon (2003) afirma que la enorme capacidad del Estado Japonés para manejar a la sociedad reside en la cooperación activa de los grupos de la sociedad civil. Por otro lado, el Estado no ha buscado suprimir la sociedad civil, sino moldearla (Pekkanen, 2003).

Vemos que en el caso de Japón, el actor Estatal es protagónico en el desarrollo (o no) de la sociedad civil. Por otro lado, las relaciones sociedad-Estado están impresas de rasgos culturales propios.

Con la apertura de Japón hacia Occidente ingresaron y se adoptaron varias ideas en aras de la modernización. Pero muchas de las nociones, sobre todo aquellas vincul ada s a la exaltación de la sociedad eran totalmente ajenas al pensamiento japonés y poco comprendidas. Ante la amenaza, percibida por el Estado, del surgimiento de movimientos antigubernamentales como consecuencia de la introducción de libros sobre ética y filosofía occidental, el Estado acentuó los preceptos morales Confucionistas de orden y obediencia (Iokibe, 1999).

La noción Confucionista sobre la relación apropi ada entre Estado y sociedad refleja el enfoque adoptado por el gobierno japonés. Contrariamente a la clara división liberal entre los dos, la sociedad civil no representa un espacio de relación de oposición entre el Estado y la familia, sino que "ofrece instituciones culturales mediadoras que permiten una articulación fructífera entre la familia y el Estado" (Tu Wei-Ming, 2000:263). Dentro de esta visión son los gobernantes los que definen el bien común, y es su responsabilidad monitorearlo. Se le da gran valor al logro de 'armonía social', en contraste al conflicto generado por potenciales actitudes confrontativas de ciertos grupos sociales (Pharr, 2003).

Estos valores no parecen diferentes de la ecuación "público = oficial", y hasta se afirma que "el concepto de lo público en su sentido Occidental todavía no es familiar en Japón" (Yoshida, 1999: 24) (4) . Desde la era Meiji hasta la actualidad el sector estatal y el privado se han unido inextricablemente, y ambos moldearon el discurso sobre el 'bien común'.

Así vemos cuán importante es el factor cultural y cómo moldea el desarrollo de la sociedad civil. Como plantea Kliksberg (1999:14) "la cultura subyace tras los componentes básicos considerados capital social, como la confianza, el comportamiento cívico, el grado de asociacionismo".

El Gran Terremoto Hanshin-Awaji, que estremeció la ciudad de Kobe en 1995, se llevó la vida de 6,400 personas y movilizó más de 1.3 millón de voluntarios como así también una importante cantidad de organizaciones no-gubernamentales. La flexibilidad y agilidad con la que estas organizaciones y grupos voluntarios se organizaron para prestar ayuda, en contraste con el gobierno, subrayó de manera evidente el potencial de la sociedad civil japonesa. Años más tarde, la extraordinaria respuesta voluntaria al derrame de petróleo de un barco ruso en el Mar del Japón, potenció el efecto del reconocimiento de las capacidades de la sociedad civil vis a vis las limitaciones de la burocracia gubernamental.

Sin embargo, si bien este fue un hito histórico para el desarrollo de la sociedad civil, es a partir de comienzos de los '90 (y antes también) que la gente comienza a sentir que el control del gobierno sobre ciertas arenas de la vida pública es limitado. Por otro lado, la lógica 'público=oficial' comenzó a mostrar fisuras a partir de los cambios que tuvieron efecto en Japón como consecuencia de la globalización.

La visión de que la sociedad civil puede jugar un rol clave ante la pluralización de las necesidades sociales ha venido in crescendo en los últimos años, acompañ ada de una reproducción de entidades sin fines de lucro. Hasta los académicos más críticos advierten que la ecuación esta cambiando del patrón 'público=oficial' a un patrón donde 'público es igual a ciud ada nos, más compañías' (Yoshida, 1999).

Una de las manifestaciones más importantes de este proceso es la promulgación y entr ada en efecto de la Ley de Organizaciones Sin Fines de Lucro (NPO Law) en 1998. Muchas de las organizaciones que jugaron un rol fundamental en el rescate de víctimas y los momentos siguientes al terremoto de Kobe no estaban incorpor ada s. Esto llamó la atención sobre la excesiva rigidez de las leyes concernientes a las organizaciones sin fines de lucro, que no sólo no apoyaban a estas organizaciones, sino que obstaculizaban sus tareas (Amemiya, 1999). En este contexto el gobierno anunció sus intenciones de reconsiderar la legislación de manera de apoyar a los grupos voluntarios.

Tal como se plantea en el capítulo dedicado a Japón, del estudio sobre la Sociedad Civil Global de la Johns Hopkins University, "la burocracia gubernamental y una legislación restrictiva, que han provocado que el potencial no lucrativo en Japón esté insuficientemente utilizado" (Yamauchi, et. al., 1999: 305).

Antes de la "NPO Law", para que una organización sea elegible para ser incorpor ada , se requería un patrimonio - capital fundacional - de 300 millones de yenes (aproxim ada mente us$ 300,000), y un presupuesto anual aproximado de us$ 30,000. Además, un plan de actividades, una junta directiva constituida por individuos de reconocimiento público, llenar un conjunto de documentos detallados y varios meses de espera. Posteriormente, era la discreción del ministerio (Agencia Económica de Planeamiento) a cargo aprobar o no la incorporación de la organización. Por otro lado, no hay un tratamiento unificado en relación a la exención de impuestos.

La nueva ley descentralizó la agencia encarg ada de incorporar a las organizaciones, poniendo tal función a cargo de los gobiernos de las prefecturas. En caso de que una organización tenga sedes en más de una prefectura, la autoridad competente será la Oficina de Gabinete (ex Agencia Económica de Planeamiento).

Si bien con la nueva ley se flexibilizó el proceso en gran medida, una encuesta realiz ada por una NPO en el año 2000 mostró que un 60% de las organizaciones no estaban satisfechas con la "NPO Law", más que n ada debido a la ausencia de incentivos en impuestos. En Octubre del 2001, las donaciones a "corporaciones sin fines de lucro aprob ada s y específicas" pasaron a ser deducibles de impuestos. Igualmente, la aprobación por parte de la Administración Nacional de Impuestos es tan difícil que la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro no lo logran.

Es importante notar que el término NGO (Organización No Gubernamental) y NPO (Organización Sin Fines de Lucro) tienen una connotación diferente en Japón. Lo grupos activos en cooperación internacional, es decir, cuyas actividades trascienden la frontera de Japón son popularmente denominados NGOs; mientras que las organizaciones que trabajan en el área 'doméstica' (dentro de Japón) se las distingue como NPOs (Organización Sin Fines de Lucro) .

De acuerdo a la Agencia de Planificación Económica (Tamura, 2003), existen 4 categorías de NPOs (en nivel creciente de amplitud del término): corporaciones sin fines de lucro específicas (serían las NPOs en el sentido más estricto); grupos cívicos voluntarios; personas jurídicas corporativas, fundaciones, y organizaciones de bienestar social, religiosas, medicas y escuelas (que incluye algunas organizaciones con fines de lucro); y los sindicatos y cooperativas.

Una encuesta realiz ada por una NPO encontró que la mitad de estas organizaciones reconocen la existencia de competencia con el Estado, dos tercios creen que pueden proveer servicios mas ajustados a la necesidad de los beneficiarios, el 45% asegura que puede proveer un servicio más flexible, y el 43% piensa que sus servicios son mejor recibidos por la gente (Tamura, 2003:168).

En lo respectivo a la financiación de las actividades, el porcentaje proveniente de las arcas públicas es del 45,2% del total de ingresos del sector, según el estudio de la Johns Hopkins University. Sin embargo, la tendencia que señala Yamamoto (1998), es que mientras los subsidios estatales crecen, el número de organizaciones receptoras de esos subsidios decrece, siendo concentrados los fondos en una cantidad pequeña de organizaciones.

A partir de la Ley Ómnibus de Descentralización (2000), el gobierno central reconoció que los gobiernos locales y las ONGs (sobre todo NPOs) debían tener un rol protagónico en los asuntos locales. Más de dos tercios del gasto público son administrados por los gobiernos locales, lo que subraya la importancia de este nivel de gobierno. En este contexto Tamura, (2003: 170-171) diferencia tres tipos de ONGs: las que no tienen ninguna conexión con el gobierno local, las que buscan fomentar buenas relaciones con el gobierno local, y por último, las que si bien no tienen conexiones, vigilan de cerca las actividades del gobierno.

Las que buscan tener buena relación con el gobierno pueden tomar cuatro enfoques: en primer lugar, algunas buscan proveer directamente aquellos servicios que el gobierno local le encomendó; otras, como las asociaciones vecinales, organizan y apoyan actividades comunitarias; en tercer lugar están las que fomentan la participación ciud ada na en la gobernanza local; y finalmente, aquellas que juegan un rol coordinado en proyectos que implican el involucramiento del gobierno local, el sector privado y los ciud ada nos (Tamura, 2003: 170-171).

Según Yamamoto (1998), la relación mantenida entre las organizaciones (NPOs y NGOs) y el gobierno sigue la lógica "patrón-cliente", en un marco en el que el apoyo del gobierno no viene sin ataduras. Sin embargo, por diversos factores, esta lógica está empezando a cambiar de a poco. Los nuevos desafíos que suponen las complejidades socio-económicas, junto a los cambios que supone la globalización, han llevado a reconocer los límites del gobierno para hacer frente a estos procesos.